Centro criminológico CRIMINA lidera un estudio sobre el impacto de la prisión permanente revisable en la delincuencia

De: diarioinformacion.com (click en la imagen para redireccionar la nota).

 

El cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos se basa más en la aceptación de las normas y el establecimiento de las reglas de conducta a nivel social, que en las sanciones o represalias legales o administrativas que pueda acarrear su incumplimiento. Esta es la premisa sobre la que parte Crímina, el centro para el estudio y prevención de la delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con base en numerosos estudios empíricos realizados por el organismo, y que estudiará también el impacto que puede tener la prisión permanente revisable en la conducta delictiva.

 

Este análisis se realizará dentro del proyecto Nexo, que engloba a una quincena de investigadores de nueve universidades españolas con el objetivo de «incorporar evidencias científicas de carácter criminológico a la política legislativa en materia penal, y, en particular, a la decisión sobre la criminalización de conductas y el incremento de las penas», asegura el director de Crímina, Fernando Miró.

 

La primera reunión del grupo de investigación tuvo lugar el pasado mes de febrero, y el trabajo de recolección de datos y su interpretación se realizará durante los próximos cuatro años. Lo que ha quedado demostrado en estudios anteriores, que han analizado por qué la sociedad cumple las normas por las que se rige, es que el motivo fundamental por el que los ciudadanos las cumplen se basa en la «visibilidad, y aceptación social, y no en la sanción». A modo de ejemplo ilustrativo, el director del centro criminológico hace referencia a un estudio que se realizó en una guardería que, harta de que los padres y madres llegaran tarde a recoger a sus hijos, estableció una penalización de cinco euros al día para aquellos progenitores que se excedieran más de diez minutos de la hora establecida. La sanción, lejos de acabar con estas conductas, las incrementó en un 30%. Por un lado, se estaba poniendo precio a ese acto, por lo que se legitimaba en cierta manera. Si te excedías, pagabas y no pasaba nada más. Y, por otro, se dio visibilidad a esa práctica entre padres y madres que no sabían que podían flexibilizar la norma y no recoger a los escolares a la hora establecida. Al final, eso se traduce, según Miró, en que «si hay mucha gente que lo hace, hasta el punto de que se han tenido que tomar medidas desde la guardería, no pasa nada porque lo haga yo». Es decir, en cierta forma, se legitimó esa conducta.

 

Por tanto, el endurecer las normas y los castigos con el fin de persuadir de las conductas que se pretenden sancionar, en determinadas ocasiones, no sirve de nada. De hecho, «hay casos en los que se puede volver en contra y generar el efecto contrario». Y, si no, que se lo digan a los dueños de la guardería.

 

Aplicado al ámbito cotidiano, podría extenderse a muchos otros aspectos. La revuelta e indignación social por la condena a un tuitero por atacar a instituciones públicas generó cientos de mensajes apoyando esas palabras y compartiendo el contenido que había sido objeto de condena. Al igual que cuando se emprendieron acciones penales contra otro joven por ponerle su cara a la imagen de Cristo.

 

De hecho, esa premisa de que el cumplimiento de la ley se basa en la legitimación social de las normas podría aplicarse hasta en la problemática catalana, donde el apoyo social -hay una parte importante de la sociedad catalana que apoya el proyecto- legitima a algunos a saltarse la ley, pese a las consecuencias que ello acarrea, y sin que el castigo penal les haya disuadido, sino que en muchos casos ha incluso radicalizado las posiciones.

 

Así, durante el desarrollo del proyecto se estudiará en concreto el efecto que pueda tener la prisión permanente revisable, y se propondrán alternativas pare frenar la delincuencia en base a los datos empíricos y científicos recogidos por los investigadores universitarios.


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