No se separa a sentenciados de procesados en reclusorios mexicanos: CNDH

De: elsoldemexico.com.mx (click en la imagen para redireccionar la nota).

 

En los reclusorios del país prevalecen, además de la sobrepoblación, la corrupción, el control de grupos delictivos y la ausencia de la ley, lo que los aleja de su objetivo la readaptación social, fue el planteamiento de la mesa Homicidios en Centros Penitenciarios, realizada en el Aula Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

 

Con base en información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que en el 88 por ciento de los penales estatales y el 45 de los federales no se separa a sentenciados de procesados.

 

Refirió que según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2014 se registraron mil 471 riñas (692 en los Ceresos y 779 en los Ceferesos), algunas tan cruentas como la de Topo Chico y otras no tanto, como las de Apodaca (febrero de 2012), Ciudad Juárez (julio de 2011) y Tijuana (septiembre de 2008).

 

Estableció que la violencia y la inseguridad que vive México obedecen a que las fronteras entre un conflicto internacional y un crimen del orden común se están eliminando en la estructura jurídica, con efectos negativos en la vida cotidiana.

 

Criminología y política son límites conceptuales que ya no son claros y eliminan las posibilidades institucionales que tenemos, puesto que si un ciudadano mantiene un reclamo es criminalizado y se empieza a entender que todo aquello indeseable por el Estado será castigado, apuntó.

 

En cuanto a la sobrepoblación, Rivas Rodríguez detalló que a fines de 2014 había 223 mil 656 presos en 269 edificaciones diseñadas para dar cabida a 173 mil 400 camas.

 

En 23 entidades el número de internos rebasaba la capacidad instalada (Nayarit en 177 por ciento; Estado de México en 126; Hidalgo en 100; Jalisco en 82 y Durango en 58).

 

Asimismo, hizo ver el elevado costo socioeconómico para la sociedad al destinar elevados recursos para el funcionamiento del sistema carcelario, “el costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio”.

 

En ese lapso, al cruzar los datos de la población carcelaria en el país y los presupuestos estatales, se aprecia que en los dos extremos del espectro están Guanajuato y San Luis Potosí, pues el primero destinó 135 mil pesos por sujeto y el segundo apenas siete mil.

 

Asimismo, la relación reclusos-custodios a nivel nacional indica que por cada nueve presos hubo un vigilante; Quintana Roo fue la entidad con menos al tener uno por cada 36 convictos y Guanajuato la que más, con 10 guardianes por cada 30 confinados.

 

“Los delitos, en su mayoría, han sido sancionados con encarcelamiento, pese a que hay mecanismos como la pena pecuniaria, en su especie de multa y trabajo comunitario, así como otras estrategias a las que no se acude tradicionalmente”, refirió.

 

Daniel Montero Zendejas, del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, subrayó que los puntos focales a observar en el renglón son: superpoblación, corrupción y ceguera de autoridades.

 

“Hay hacinamiento y bajo salario del personal de seguridad y custodia, lo que condiciona actos de corrupción y en muchos casos el dominio de la delincuencia organizada”, agregó.

 

María Sirvent Bravo Ahuja, de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, expuso que nuestro país ostenta el sexto lugar global por el tamaño de su población penitenciaria, atrás de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil.

 

Aquí, el 44 de los privados de su libertad ingresa sin condena. De esta manera, el sistema enfrenta dos problemas estructurales: superpoblación y uso desproporcionado de la prisión preventiva, indicó.

 

Miguel Sarre Iguíniz, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sostuvo que para cambiar esa realidad se requiere que prive la ley “para que no imperen los poderes salvajes y la muerte al interior de las cárceles, problemas que derivan de la inexistencia de mecanismos que hagan valer las normas jurídicas y las resoluciones judiciales”.


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